Me detuvieron por protestar contra el ICE. Gané el juicio, pero la lucha sigue

Cuando por fin logré sacar el cartucho de gas lacrimógeno, el aire estaba cargado de humo tóxico.

El artefacto químico arrojado por la Policía Federal todavía humeaba. Había quedado atrapado debajo de la silla de ruedas de un hombre que estaba frente a una línea de policías armados. Me hice a un lado y alejé el cartucho de donde estaban los manifestantes para que nadie resultara herido.

Mientras retrocedía despacio y con las manos en alto, un policía me agarró por detrás y otro me tiró al piso. Me tironearon del brazo y me lo pusieron detrás de la espalda: pensé que me habían roto un hueso.

Me esposaron, me subieron a un auto y arrancaron para el Glass House, un invernadero enorme que pasó a ser un ejemplo paradigmático e inesperado de la violencia que caracteriza la política antimigratoria deTrump.

Me palpitaba todo un costado del cuerpo. Estaba lleno de cortes y moretones. Tenía las muñecas y los tobillos hinchados. Afuera del invernadero, un paramédico me preguntó si quería ir al hospital. Le dije que sí, pero la Policía Federal se negó a autorizar el traslado.

Más tarde, me metieron en la parte trasera de un vehículo. Había varios autos que iban en caravana. Algunos manifestantes empezaron a arrojar piedras: una rompió la ventanilla del lado del acompañante. Vi que se levantaba una nube de polvo detrás de los autos, y empecé a disociarme.

Era un día cualquiera… hasta que entré en el grupo de respuesta rápida

Era un jueves soleado. A la mañana tenía turno con el médico y a la tarde había quedado en cenar con algunos colegas. Al otro día, iba a volar a Arizona para visitar a mi familia.

Cuando salí del consultorio del dermatólogo, miré el celular. Tenía una catarata de mensajes que alertaban a la comunidad sobre un operativo antimigrantes en el centro de cultivo Glass House en Camarillo, a pocos minutos de la Universidad Estatal de California Channel Islands.

Me subí a mi sedán gris y pasé a buscar a un estudiante con quien ya había colaborado en otras iniciativas populares. Dimos unas vueltas por los alrededores de la universidad y después encaramos hacia Glass House.

La zona de cultivo cubre unos 16o acres. Cuando llegamos, había apenas un puñado de vecinos y manifestantes reunidos en un camino rodeado de campos. Pronto empezó a llegar más gente: ahí fue cuando la Policía empezó a lanzar gases lacrimógenos.

Nunca antes había estado expuesto a ese gas. Lo que más recuerdo es no poder respirar.

No podía creer la impunidad con la que le tiraban gas a la gente. Empecé a patear algunos cartuchos hacia los campos o a arrojarlos lo más lejos posible.

En un momento lancé un cartucho por encima de un grupo de la Policía Federal —como demostrarían después las cámaras corporales— y uno de ellos me arrojó al piso de un golpe. Retrocedí. Otros tres policías seguían tirando más cartuchos. Un cuarto me señaló y gritó: «Cuando ese tipo vuelva, se jode. Se viene con nosotros».

Tenía el tobillo reventado. Me temblaba de dolor. Me dolía todo un costado del cuerpo. Pero me quedé en el lugar, repartiendo barbijos y ayudando a las personas heridas. En un momento, mientras trataba de correr un camión del camino, vi una hilera de policías, porras de madera en alto, frente a un hombre en silla de ruedas.

Abajo de la silla, había un cartucho del que salía gas. La Policía hizo caso omiso de mis pedidos de ayuda para sacar el cartucho, así que salté del camión, me acerqué y lo saqué.

«Se viene con nosotros»: dicho y hecho

La Policía me detuvo y me llevó a Point Mugu, una base naval del condado de Ventura. Allí me tomaron las huellas dactilares, me sacaron fotos y me interrogaron.

Los agentes de Seguridad Nacional me dijeron que estaba detenido, pero no tenían claro de qué me acusaban exactamente. Me hicieron algunas preguntas y después otro agente me llevó al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles.

Allí metieron mis pertenencias en bolsas de plástico y me hicieron cambiarme y ponerme un mameluco.

Uno de los agentes me clavó los dedos en el hombro y me preguntó: «¿Sabes que te están usando, no? ¿Cuánto te pagaron?». Son así: piensan que nos pagan por manifestamos contra la ofensiva antimigratoria de Trump.

Me metieron en una celda con George Retes, un ciudadano estadounidense de 25 años, veterano de guerra y discapacitado, que trabajaba como guardia de seguridad en Glass House. Lo habían detenido después de que un grupo de agentes del ICE le rompieran la ventanilla del auto y lo rociaran con gas pimienta. Su caso fue uno de los tantos que se viralizaron después del operativo.

A George le ardía la piel por el gas lacrimógeno y el gas pimienta, así que pasó la noche con las manos en una bolsa llena de agua.

Después de que me liberaron, escribí un artículo de Substack contando lo que había vivido en el Centro de Detención Metropolitano. Escribí sobre los días que pasé sin poder hacer una llamada telefónica, sin que me dejaran contactar a un abogado, sin que siquiera me supieran decir de qué se me acusaba. Escribí también sobre la amabilidad con la que me trataron los demás detenidos, quienes me prestaron ropa limpia y artículos de higiene después de que los guardias se negaran a proporcionármelos.

Cuatro días después de que me detuvieran, salí del centro con una tobillera electrónica y una larga lista de restricciones para viajar. Afuera me esperaba una multitud que me recibió entre aplausos.

Rechacé el trato que me ofrecían para declararme culpable

En ese momento no lo sabía, pero mis amigos y mi familia recién se enteraron de dónde estaba el sábado a la mañana, ya que el Centro de Detención Metropolitano no había actualizado el sistema. No tenían idea de cuál era mi paradero.

El Grupo de Inquilinos del Condado de Ventura, del que participo, se organizó para encontrarme. Difundieron por todos lados que nadie sabía dónde estaba. Gracias a eso, algunos legisladores estatales y locales firmaron una carta para exigir mi liberación. Cuando por fin dieron con mi paradero, algunos de mis amigos y varias personas que se solidarizaron conmigo se congregaron frente al centro de detención con carteles y consignas.

El Grupo de Inquilinos también ayudó a mi hermano a encontrar un abogado de confianza. Durante todo el juicio, fueron una red de contención fundamental. El Sindicato de Profesores de California, que representa a miles de trabajadores universitarios de todo el estado, también me brindó una ayuda enorme.

Al principio, me acusaron de un delito menor por agredir a un agente federal, supuestamente por haberle arrojado un cartucho de gas lacrimógeno, por más que había un video donde se veía perfectamente que eso no había ocurrido. La fiscalía me ofreció un trato: declararme culpable del delito menor y dejar todo ahí. Me advirtieron que, si rechazaba la oferta, avanzarían con una acusación por un delito grave que podía terminar en una condena de hasta 20 años de prisión.

No acepté.

Salí bajo fianza. Un día, mientras fumaba un cigarrillo en el patio de mi casa, dos conocidos me escribieron para preguntarme si estaba bien. No entendía nada. Pronto me enteré de que la Fiscalía había presentado una acusación formal contra mí por agredir a un agente federal con un arma mortal o peligrosa, un delito grave.

La sensación que tuve fue como estar bajo el agua. Sentía como si estuviera lejos, girando. Sabía que era posible que me acusaran por un delito grave, pero al encontrarme ante el peor escenario posible sentí que se me terminaba el mundo.

De todos modos, continué dando clases a tiempo completo. El aula y mis alumnos fueron un refugio bienvenido mientras aguardaba que comenzara el juicio, previsto para abril de 2026.

Mientras tanto, me aseguraba de que la tobillera electrónica quedara bien visible cada vez que entraba a un aula o caminaba por el campus. Quería que la gente viera la brutalidad de lo que estaba pasando.

Al jurado no le llevó mucho tiempo ver la verdad

El juicio duró apenas tres días: uno para seleccionar al jurado y dos para presentar declaraciones, pruebas y testigos y para que el jurado deliberase.

Me sorprendió lo mal armados que estaban los argumentos de la Fiscalía. Hice mi tesis doctoral sobre argumentación: era evidente que sus argumentos tenían muchos agujeros. No resultaban nada convincentes. Ni siquiera podían identificar a una víctima: hablaban, en cambio, de unos “agentes federales” anónimos.

El jurado me declaró inocente después de menos de dos horas de deliberación.

Me invadió una catarata de emociones, mezclada con una profunda indignación, cuando el juez fue confirmando el voto del jurado uno por uno y todos respondieron: «inocente».

Sentí un alivio enorme, pero el trauma sigue ahí

Cuando me absolvieron, sentí que había ganado. Una oleada de alivio me recorrió el cuerpo.

Pero esa sensación ya pasó. No me siento libre. El trauma de todo lo que viví, de tener que atravesar un proceso largo y agotador en lo emocional y psicológico, sigue ahí.

Durante todo el proceso, mucha gente me decía que bajara la cabeza y no llamara la atención. Mi abogado había sido muy claro: cualquier cosa que dijera o hiciera antes del juicio podía perjudicarme. Así que dejé de participar de los patrullajes, no ni entrevistas ni fui a eventos públicos y hasta me autocensuré al narrar parte de mi experiencia en el artículo de Substack.

Mis compañeros y todas las personas que me apoyaron siempre supieron cuánto me importaba seguir militando. Por eso, me ayudaron a organizar algunas entrevistas, discursos y manifestaciones en los meses previos al juicio. Encontramos la manera de que pudiera expresar mis convicciones sin exponerme innecesariamente ante la justicia.

Esta experiencia reforzó mis convicciones y me mostró que es posible construir desde lo colectivo sin quedar a merced de una persecución judicial. Sin embargo, mentiría si dijera que lo que viví no me sigue afectando. Desde que me detuvieron, no volví a participar de los operativos de respuesta rápida.

Sigo, eso sí, yendo a las movilizaciones. Hace poco participé de una capacitación para voluntarios ofrecida por 805Undocufund, una organización sin fines de lucro que acompaña a comunidades migrantes. Sigo activo en el grupo de inquilinos y el sindicato de profesores.

Queda muchísimo por hacer. Y no pienso parar.

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