Me detuvieron en una protesta contra el ICE: me absolvieron y sigo dando pelea

Cuando por fin logré sacar el cartucho de gas lacrimógeno, el aire estaba cargado de humo tóxico.

El artefacto químico, que los agentes federales habían arrojado todavía humeante. Había quedado atrapado debajo de la silla de ruedas de un hombre que estaba frente a una línea de agentes armados. Me hice a un lado y alejé el cartucho de donde estaba la gente para que nadie resultara herido.

Mientras retrocedía lentamente con las manos en alto, un agente me agarró por detrás y otro me tiró al piso. Me pusieron el brazo detrás de la espalda: pensé que me iba a fracturar.

Me esposaron, me subieron a un auto y se fueron rumbo al enorme invernadero de Glass House, el símbolo inesperado de la violencia que pasó a caracterizar la política antimigratoria deTrump.

Me palpitaba todo un costado del cuerpo. Estaba lleno de cortes y moretones. Tenía las muñecas y los tobillos hinchados. Afuera del invernadero, un paramédico me preguntó si quería ir al hospital. Le dije que sí, pero un agente federal se negó a autorizar el traslado.

Más tarde ese mismo día, me metieron en la parte trasera de un vehículo y seguimos a un convoy de autos. Los manifestantes empezaron a tirar piedras contra el vehículo y una rompió la ventanilla del lado del acompañante. Mientras veía levantarse una nube de polvo detrás de los autos, empecé a disociarme.

Era un día cualquiera, hasta que entré en el grupo de “respuesta rápida”

Era un jueves soleado. A la mañana tenía turno con el médico y a la tarde había quedado en cenar con algunos colegas. Al siguiente, tenía un vuelo para ir a Arizona a visitar a mi familia.

Cuando salí del consultorio del dermatólogo, miré el celular. Tenía una catarata de mensajes que alertaban a la comunidad sobre un operativo migratorio en el centro de cultivo de Glass House en Camarillo, a pocos minutos de la Universidad Estatal de California Channel Islands.

Me subí a mi sedán gris y pasé a buscar a un estudiante con quien ya había colaborado en otras iniciativas de organización comunitaria. Dimos unas vueltas por los alrededores de la universidad y después encaramos hacia Glass House.

Cuando llegamos a la plantación de 160 acres, había apenas un puñado de vecinos y manifestantes reunidos en aquel camino rodeado de campos. Pero pronto empezó a llegar más gente y algunos agentes comenzaron a lanzar gases lacrimógenos contra la multitud.

Nunca antes había estado expuesto al gas lacrimógeno. Lo que más recuerdo es no poder respirar.

No podía creer la forma indiscriminada con la que le tiraban gas a la gente. Empecé a patear algunos cartuchos hacia los campos o a arrojarlos lejos.

En un momento lancé un cartucho por encima de un grupo de agentes federales —como demostrarían después las cámaras corporales— y uno de ellos me tiró al piso de un golpe. Retrocedí mientras otros tres agentes lanzaban más cartuchos de gas lacrimógeno hacia la gente. Otro me señaló y gritó: «Cuando ese vuelva, se jode. Nos lo llevamos».

Tenía el tobillo lastimado y me palpitaba de dolor. Todo un costado del cuerpo me dolía. Pero me quedé en el lugar, repartiendo barbijos y atendiendo a las personas heridas. Cuando ayudaba a sacar un camión del camino cuando vi a la fila de agentes, con las porras de madera en alto, frente a un hombre en silla de ruedas.

Los agentes ignoraron mis pedidos de ayuda para sacar el cartucho que perdía gas de debajo de la silla. Entonces salté del camión, me acerqué y lo saqué.

«Nos lo llevamos»: dicho y hecho

Después de detenerme, me llevaron a Point Mugu, una base naval del condado de Ventura. Allí me tomaron las huellas dactilares, me sacaron fotos y me interrogaron.

Los agentes de Seguridad Nacional me dijeron que estaba detenido, pero no tenían claro de qué me acusaban exactamente. Me hicieron algunas preguntas y después otro agente me llevó al Centro de Detención Metropolitano, en el centro de Los Ángeles.

Allí metieron mis pertenencias en bolsas de plástico y me hicieron cambiarme y ponerme un mameluco.

Uno de los agentes me clavó los dedos en el hombro y me preguntó: «¿Sabes que te están usando, no? ¿Cuánto te pagaron?». Ellos piensan que nos pagan por manifestamos contra la ofensiva antimigratoria de Trump.

Me metieron en una celda con George Retes, un ciudadano estadounidense de 25 años, veterano de guerra y con una discapacidad, que trabajaba como guardia de seguridad en Glass House. Lo habían detenido después de que agentes del ICE rompieran la ventanilla de su auto y lo rociaran con gas pimienta. Su caso fue uno de los tantos que se viralizaron después del operativo.

A George le ardía la piel por el gas lacrimógeno y el gas pimienta, así que pasó la noche metiendo las manos en una bolsa llena de agua.

Después de que me liberaron, escribí un artículo de Substack contando lo que había vivido en el Centro de Detención Metropolitano. Conté los días que pasé sin poder hacer una llamada telefónica, sin acceso a un abogado y sin siquiera saber bien de qué me acusaban. También conté la humanidad de otros detenidos, que me dieron ropa limpia y artículos de higiene después de que los guardias se negaran a proporcionármelos.

Cuatro días después de que me detuvieran, salí del centro con una tobillera electrónica y un largo listado de restricciones para viajar. Afuera me esperaba una multitud que me recibió entre aplausos.

Rechacé el trato que me ofrecían para declararme culpable

En ese momento yo no lo sabía, pero mis amigos y mi familia no habían podido encontrarme hasta la mañana del sábado porque el Centro de Detención Metropolitano no había actualizado el sistema. No tenían idea de dónde estaba.

El Grupo de Inquilinos del Condado de Ventura, del que participo, se organizó para encontrarme y ayudó a difundir que no sabían dónde estaba. Gracias a eso, algunos legisladores estatales y locales firmaron una carta para exigir mi liberación. Cuando por fin dieron con mi paraderos, algunos de mis amigos y personas que se solidarizaron conmigo se reunieron frente al centro de detención con carteles y consignas.

El Grupo de Inquilinos también ayudó a mi hermano a encontrar un abogado de confianza y armó una red de contención que fue fundamental durante todo el juicio. El Sindicato de Profesores de California, que representa a miles de trabajadores universitarios de todo el estado, también me brindó una ayuda enorme.

Al principio me acusaron de un delito menor por agredir a un agente federal, supuestamente por haberle arrojado un cartucho de gas lacrimógeno, por más que había un video que demostraba que eso no había ocurrido. La fiscalía me ofreció un trato: declararme culpable del delito menor y cerrar el caso. Pero advirtieron que, si rechazaba la oferta, avanzarían con una acusación por un delito grave que podía terminar en una condena de hasta 20 años de prisión.

No acepté.

Un día, después de salir bajo fianza, estaba fumando un cigarrillo en el patio de mi casa cuando recibí dos mensajes de conocidos preguntándome si estaba bien. No entendía nada. Entonces me enteré de que habían presentado una acusación formal contra mí por agredir a un agente federal con un arma mortal o peligrosa, un delito grave.

Me sentí como si estuviera bajo el agua. Me sentía lejos, dando vueltas. Sabía que era posible que me acusaran por un delito grave, pero al encontrarme ante el peor escenario posible sentí que se me terminaba el mundo.

Seguí dando clases a tiempo completo. Mis clases y mis estudiantes fueron un refugio bienvenido mientras esperaba el juicio, que estaba previsto para abril de 2026.

Mientras tanto, me aseguraba de que la tobillera electrónica quedara bien visible cada vez que entraba a un aula o caminaba por el campus. Quería que la gente viera la brutalidad de lo que estaba pasando.

Al jurado no le llevó mucho tiempo ver la verdad

El juicio duró apenas tres días: uno para seleccionar al jurado y dos para presentar declaraciones, pruebas y testigos y para que el jurado deliberase.

Me sorprendió lo mal armados que estaban los argumentos de la fiscalía. Hice mi tesis doctoral sobre argumentación: era evidente que sus argumentos tenían fallas y no resultaban convincentes. Ni siquiera podían identificar a una víctima: hablaban, en cambio, de unos “agentes federales” anónimos.

El jurado me declaró inocente después de menos de dos horas de deliberación.

Sentí una catarata de emociones, mezclada con una profunda indignación, mientras el juez confirmaba el voto del jurado uno por uno y todos respondían: «inocente».

Sentí un alivio enorme, pero el trauma sigue ahí

Cuando me absolvieron, sentí que había ganado. Una ola enorme de alivio me pasó por encima.

Pero ese alivio ya no está. No me siento libre. El trauma de todo lo que viví, de un proceso largo y agotador en lo emocional y psicológico, sigue conmigo.

Durante todo el proceso, mucha gente me decía que bajara la cabeza y no llamara la atención. Mi abogado había sido muy claro: cualquier cosa que dijera o hiciera antes del juicio podía perjudicarme. Así que dejé de participar de los patrullajes, rechacé entrevistas y eventos públicos y hasta me autocensuré al contar parte de mi experiencia en mi artículo de Substack.

Mis compañeros y quienes me apoyaban, sin embargo, sabían cuánto me importaba seguir militando. Me ayudaron a organizar entrevistas, discursos y manifestaciones en los meses previos al juicio. Encontramos la manera de que pudiera expresar mis convicciones sin exponerme innecesariamente ante la justicia.

Esta experiencia reforzó mis convicciones y me mostró que es posible construir desde lo colectivo sin quedar expuesto a una persecución judicial. Pero mentiría si dijera que lo que viví no me sigue afectando. Desde que me detuvieron, no volví a participar de los operativos de respuesta rápida.

Sigo, eso sí, yendo a las movilizaciones. Hace poco participé de una capacitación para voluntarios de 805Undocufund, una organización sin fines de lucro que acompaña a comunidades migrantes. Sigo activo en el grupo de inquilinos y el sindicato de profesores.

Queda muchísimo por hacer. Y no pienso parar.

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