Justicia, poder y violación: lo que aprendí tras cuarenta años acompañando a sobrevivientes

Una serie de fallos judiciales de la India volvieron a poner sobre la mesa un debate que trasciende fronteras: qué entiende la justicia por violencia sexual y qué consecuencias tiene esa definición. Cuando los tribunales adoptan una mirada restrictiva, ciertas agresiones quedan impunes se instala la idea de que algunas formas de violencia sexual no son tan graves, más allá de lo que representan para las víctimas.

Hace poco, leí una noticia acerca de un fallo del Tribunal Superior de Patna que me perturbó muchísimo: para el tribunal, quitarle por la fuerza el salwar a una mujer, apretarle los senos e intentar someterla no constituían tentativa de violación. Me indigné no solo como investigadora y defensora de los derechos de las mujeres, sino también como alguien que lleva más de cuarenta años a mujeres cuyas vidas quedaron destrozadas a causa de la violencia sexual.

No era un fallo polémico más. La noticia daba cuenta de algo muy peligroso: el lenguaje jurídico puede terminar normalizando la violencia. Los tribunales hacen mucho más que interpretar las leyes; también delimitan las fronteras morales de la sociedad.

Cada sentencia transmite qué considera grave una sociedad, qué está dispuesta a tolerar y la dignidad de quiénes decide proteger. Cuando la violencia sexual se interpreta de manera restrictiva, el mensaje que se les da a las víctimas es que su sufrimiento es discutible. A los agresores, en cambio, se les deja ver que todavía existen resquicios para eludir la responsabilidad. La ley no es solo un instrumento de castigo; también desempeña un papel esencial en la construcción de las normas sociales. Cada fallo transmite a la sociedad qué conductas se consideran aceptables, inaceptables, graves, no tan graves. Cuando las víctimas ven que la justicia minimiza la violencia sexual, cada vez menos de ellas se animan a denunciar. Cuando los agresores creen que no necesariamente deberán pagar por sus actos, la ley pierde su capacidad disuasoria. Así, la interpretación jurídica termina moldeando no solo la pena que recibe (o no) un agresor, sino también las conductas sociales.

Lamentablemente, esta noticia me resultó muy familiar.

Lo que aprendí tras cuarenta años acompañando a sobrevivientes

He pasado gran parte de mi vida profesional escuchando a mujeres cuyas historias nunca llegan a los medios. En la India, muchas mujeres enfrentan distintas formas interconexas de discriminación. No solo pueden ser vulnerables por su género, sino también por causa de las jerarquías sociales (es decir, la casta a la que pertenece), la desigualdad económica（según su clase social) y, en muchos casos, la religión, la etnia, la discapacidad o el lugar donde viven. Todos estos factores constituyen trabas para el acceso a la justicia; además, las vuelven más susceptibles de sufrir violencia y hacen que sanar las heridas sea mucho más difícil.

En el Centre for Social Research contamos con un Centro de Intervención en Crisis por Violación desde el que hemos acompañado a sobrevivientes a comisarías donde intentaban disuadirlas de presentar una denuncia, hospitales donde se vulneraba su dignidad, tribunales donde se ponía en duda su credibilidad y comunidades donde eran ellas —y no los agresores— quienes debían cargar con el estigma de la vergüenza.

Estas experiencias me han enseñado una verdad incómoda: la violación rara vez se reduce a una persona que comete un delito contra otra. Es el síntoma de una sociedad que, una y otra vez, genera las condiciones que hacen posible, previsible y, muchas veces, tolerable la violencia. Los estudios de todo el mundo coinciden en que la violación tiene menos que ver con el deseo sexual que con el poder, la dominación y la desigualdad. En la India, estas dinámicas suelen verse agravadas por jerarquías sociales profundamente arraigadas, de modo que la violencia sexual no solo constituye una agresión contra una mujer, sino que en algunos casos también funciona como una forma de ejercer control social sobre comunidades marginadas.

El caso Nirbhaya y la esperanza que vino después

Recuerdo el invierno de 2012, cuando una joven estudiante de Fisioterapia —a quien el país conocería como Nirbhaya— fue sometida a una violenta violación grupal en un autobús en movimiento en Delhi. El Centre for Social Research fue una de las primeras organizaciones de la sociedad civil en salir a las calles. Como millones de indios, creí que la indignación pública sin precedentes marcaría un antes y un después. El Comité de Justicia presidido por J. S. Verma elaboró una de las agendas de reforma jurídica más progresistas del mundo. El Parlamento modificó las leyes penales. Se ampliaron las definiciones de violación. Se impusieron penas más rígidas. Se crearon tribunales especiales para acelerar los procesos.

Sin embargo, hoy, más de diez años después, no puedo evitar hacerme una pregunta difícil: ¿qué cambió y qué no?

Por qué no bastó con modificar las leyes

Sí, se aprobaron mejores leyes, pero las instituciones no evolucionaron con la misma urgencia. Y la sociedad, tampoco.

Cada año, en la India se registran decenas de miles de violaciones denunciadas y más de 400 000 delitos contra mujeres. Detrás de cada número hay una mujer cuya vida cambió para siempre. Pero estas cifras cuentan solo una parte de la historia. La Encuesta Nacional de Salud Familiar nos recuerda que casi una de cada tres mujeres que alguna vez estuvieron casadas ha sufrido violencia doméstica. La violencia contra las mujeres, por lo tanto, no es una excepción confinada a callejones oscuros o episodios aislados. Está presente en los hogares, los lugares de trabajo, las instituciones educativas, los espacios públicos y, cada vez más, las plataformas digitales.

Esta violencia cotidiana es, precisamente, la que muchas veces no logramos reconocer.

La justicia debe restaurar la confianza, no generar miedo

La India no solo necesita leyes más estrictas. Precisa de instituciones que inspiren confianza a las víctimas, jueces con perspectiva de género, policías que investiguen sin prejuicios, empresas de tecnología que prioricen la seguridad al diseñar sus plataformas y dirigentes políticos que aborden la violencia contra las mujeres como una crisis constitucional y no como un problema ocasional de seguridad y orden público.

Después de más de cuarenta años trabajando con sobrevivientes, estoy convencida de que la verdadera vara de la justicia no está en cuán severamente castigamos a los responsables después de que ocurre la violencia. Está en ver si cada niña crece sabiendo que su dignidad no es negociable, que su cuerpo le pertenece exclusivamente a ella y que las instituciones de su país estarán a su lado si esa dignidad es vulnerada.