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Family photos of Mariano Sopeña along with his father Ángel Sopeña and brothers
Family photos of Mariano Sopeña along with his father Ángel Sopeña and brothers | Photo Courtesy of Mariano Sopeña Irala

Un paraguayo lucha por su casa y devela una red de corrupción

Recuperamos nuestra propiedad, pero para entonces había sido destruida, demolida y saqueada. Se llevaron vigas y cortaron árboles. Nuestra propiedad incluía el último y mayor árbol de Amburana Cearensis de toda la región. Acabaron con esta y otras especies protegidas.

PROTAGONISTA
Mariano Sopeña Irala es politólogo y protector de la Fundación Jaguarendá en Paraguay. Es hijo de Ángel Sopeña Quesada, un médico español que revolucionó el campo de la fertilidad y el cambio de sexo en España. Mariano se ha dedicado a la lucha legal contra poderosos esquemas de corrupción judicial en Paraguay que buscan despojar a la familia Sopeña de sus propiedades a través de documentos falsos y órdenes ilegales que han puesto en riesgo directo a Mariano y su familia. Actualmente Mariano dedica sus esfuerzos a preservar la reserva de Jaguarendá, que antes pertenecía a su padre.
CONTEXTO
Según la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GITOC), Paraguay tiene uno de los puntajes más altos de las Américas en cuanto a delincuencia organizada. A estos datos se suman los niveles de corrupción judicial en el país, que han sido denunciados incluso por el presidente Mario Abdo Benítez, lo que permitió el surgimiento de esquemas de delincuencia organizada en los despachos de jueces, políticos y funcionarios estatales. A través de listados recientes, funcionarios de gran relevancia en Paraguay, como el expresidente Horacio Cartes y su familia, han sido señalados como “potencialmente corruptos”. Esta situación ha producido un colapso estructural del sistema eléctrico paraguayo. Combinado con casos de narcotráfico y otras dinámicas criminales, ha producido diversas controversias sociales y políticas que buscan enfrentar el problema y pedir una solución.

LUQUE, Paraguay – Mientras estudiaba ciencias políticas y hacía prácticas en las Naciones Unidas, tuve la oportunidad de colaborar en misiones diplomáticas. Trabajando y estudiando, me sentía feliz y me preguntaba con anhelo qué haría después. 

No podía imaginar que sería algo tan personal. Tras la muerte de mi padre en 2019, me encontré con que me enfrentaba al mismo sistema que prometía protección a las personas en Paraguay: el sistema judicial.

Un hombre increíble, una batalla por su legado

Mi padre fue un médico pionero de primera línea. Fue el primer médico que congeló óvulos, realizó la fecundación in vitro y llevó a cabo cirugías de reasignación de sexo en España. La gente lo describió como un gran defensor de la liberación de la mujer española. 

Cuando se jubiló, se dedicó a la conservación de los bosques. Nuestra familia tenía dos reservas forestales en Paraguay, y mi padre se encargaba de cuidarlas. Tenía muy en cuenta su opinión en cada decisión que tomaba. Lo veía como un ídolo, un modelo a seguir y mi mejor amigo.

Nuestra casa en Paraguay -una finca histórica- perteneció a Bernardo Luis de Velasco y Huidobro, el último gobernador español de la provincia. Durante un tiempo, también sirvió de retiro a José Patricio Guggiari, el último presidente liberal de Paraguay en el siglo XX. Cuando mi padre cayó enfermo, la gente reconoció la oportunidad y empezó a aparecer. Querían comprar nuestra propiedad y hacían ofertas ridículamente bajas. Mi padre se negó siempre a vender. En una ocasión, algunas personas le golpearon fuertemente. Un año después, el 19 de febrero de 2019, murió.

Mansión de la familia Sopeña antes del desalojo | Foto cortesía de Mariano Sopeña Irala

La situación empeoró tras su fallecimiento. Empezaron a aparecer falsos pagarés en diferentes juzgados, con gente presentando demandas. Intentaron quitarnos todo. Decidí luchar. Al principio, ganaba mis casos, pero pronto me quedé sin capital.

Un complejo sistema de corrupción despoja a la familia de la herencia

Teniendo en cuenta mi desafío financiero, comencé a buscar un socio para llevar a cabo el desarrollo inmobiliario en una de las hectáreas de propiedad que mi padre me dejó en Luque. Me encontré con la empresa constructora CIVIS S.A., que anteriormente operaba bajo el nombre de BGS Development, dirigida por las familias Bendlin y Serratti Bordon. Llegué a un acuerdo con ellos para urbanizar juntos una hectárea. Pronto me informaron de otro caso contra la propiedad. Parecía estar en verdadero peligro. Los promotores ofrecieron ayuda a través de los servicios de Gilda Bordon Roux. Nunca imaginé que me traicionarían.

En noviembre de 2021, ganamos las demandas al demostrar la falsedad de los pagarés. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2021, apareció una nueva denuncia y me enfrenté al peor escenario posible. Una orden judicial falsa nos desalojó de nuestra casa. La propiedad fue transferida a un fideicomiso del Banco Río en Paraguay. La empresa que estaba detrás era BGS Development.

Resulta que todos los accionistas de la empresa tenían vínculos con Horacio Cartes y su familia. Cartes ha sido reconocido por el gobierno de Estados Unidos como significativamente corrupto y vinculado a personas sancionadas en la Lista Engel. BGS Development se benefició y yo perdí mi casa. Transfirieron la propiedad a favor de los accionistas de la empresa mediante una serie de operaciones dudosas, orquestadas por una red judicial corrupta de funcionarios y entidades del Estado. A lo largo del tiempo hemos documentado participantes como defensores, policías, notarios, jueces, fiscales, ministros, jueces de paz e incluso fiscales de la República, todos ellos implicados en la trama.

Un joven, antiguo interno de la ONU, teme por su vida

Recuperamos nuestra propiedad, pero para entonces había sido destruida, demolida y saqueada. Se llevaron vigas y cortaron árboles. Nuestra propiedad incluía el último y mayor árbol de Amburana Cearensis (conocido como Trébol en Paraguay, cuya tala está prohibida desde la época de Stroessner) de toda la región. Acabaron con esta y otras especies protegidas. El incidente resultó ser uno de los peores momentos de la historia de mi familia.

La mansión de la familia Sopeña tras el desalojo | Foto cortesía de Mariano Sopeña Irala

Desde entonces, lucho por la justicia. Abrí una causa sobre las entidades públicas que colaboraron en esta trama de actividades ilegales. Obtuvimos suficientes pruebas indiciarias, pero prefirieron prolongar el caso. Hasta ahora, el sistema ha nombrado y destituido a 47 fiscales. Sólo necesitamos un fiscal honesto que continúe la investigación, para demostrar todo lo que las pruebas demuestran. Me entristece mucho ver que esto sucede. Los grupos criminales siguen amenazando mi vida y no me atrevo a salir en público. Sin embargo, nunca me rindo.

Aun así, nos enfrentamos a desafíos. En un momento dado, tuvimos un caso abierto contra la fiscal Stella Maris Cano. Ella llevó a cabo un dudoso registro en la residencia temporal de mi madre, en busca de pruebas contra mí. Nunca viví en esa casa, ni siquiera la visité, como forma de proteger a mi familia. En ese incidente, las pruebas plantadas se convirtieron en un intento de hacernos parecer culpables. Creo que, si no pueden ensuciar mi nombre o ponerme entre rejas, harán que me maten o me silencien.

Después de perder la mayor parte, queda un trozo de tierra

Tras la muerte de mi padre, me instalé en Paraguay para hacerme cargo de sus bienes y también de su importante labor. Me centré en continuar el trabajo de apoyo social que él inició, especialmente con las comunidades indígenas. Me ocupé de la protección de las zonas boscosas, incluidas dos de las reservas de mi padre: una en Jakare’i (Departamento de Caaguazú) y también la reserva de Jaguarenda (entre Luque y Areguá). Esta última incluye un santuario de animales. 

Lamentablemente, cuando cayó enfermo, unos saqueadores invadieron la primera propiedad. Robaron la madera de los lapones negros y después lo quemaron todo. La reserva de Jaguarenda, que significa “el lugar de los perros” en lengua guaraní, sigue intacta. Alberga un ecosistema halófilo, en el que los organismos prosperan en un entorno altamente salino. Situado a 30 minutos de Asunción, se encuentra entre el río Salado y el arroyo Yukyry (que significa tierra salada). Sigue siendo la última reserva forestal de este tipo. 

En el Bajo Chaco hay otras reservas forestales. Sin embargo, esta zona promete desarrollarse residencialmente con la construcción del nuevo puente de Nueva Asunción. El lugar también funciona como un santuario de animales que cuida a 130 perros. Nos aseguramos de que reciban atención, amor y una vida tranquila. Jaguarenda sigue recaudando fondos para construir un muro que impida el acceso de los cazadores furtivos y la deforestación. Estamos desarrollando un proyecto de afiliación y apadrinamiento, así como de turismo en la reserva. Esta es la última pieza que queda de la obra de mi padre, y lucharé por protegerla.

El poder de abrirse y hacerse público

Al principio, me enfrenté a las críticas por hablar y denunciar los ataques contra mi familia a través de la prensa. Sin embargo, la prensa marcó una gran diferencia en mi caso. Sin hacerla pública, nuestra situación se habría desvanecido en la oscuridad, como suele ocurrir. Espero que mi caso se convierta en un referente en la búsqueda de justicia en Paraguay. Puede servir de precedente legal y de inspiración para otros, para hacer públicos los abusos de poder.

He hablado con varias otras víctimas de las mafias en Paraguay que conectan el sector inmobiliario con las estructuras políticas. No debemos permanecer en silencio ante los abusos. Animo a la gente a hablar, a contarlo y a hablar con la prensa. No puede haber justicia a través del silencio.

Quiero devolver el nombre de mi padre a su lugar. Quiero recuperar nuestra propiedad y asegurar mi futuro y el de mis hermanos. 

Meter a la gente en la cárcel parece una pérdida de tiempo. Debemos organizar y guiar a más paraguayos para lograr el cambio. Espero enfrentar a los poderes que utilizan la justicia para sus propios fines y provocan hechos terribles e injustificados. No debe volver a ocurrir en nuestro país. La justicia y la verdad valen mucho más que el poder y el dinero de los corruptos. Esta es mi misión.

Descargo de responsabilidad de traducción

Las traducciones proporcionadas por Orato World Media tienen como objetivo que el documento final traducido sea comprensible en el idioma final. Aunque hacemos todo lo posible para garantizar que nuestras traducciones sean precisas, no podemos garantizar que la traducción esté libre de errores.

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Lieth Daelyn Carrillo Sánchez is a Colombian anthropologist and researcher who studies the dynamics of violence, conflict, and criminology in Latin American countries. She writes because she believes that words allow us to build and rebuild the world.