El régimen de excepción de El Salvador renovado a pesar de denuncias de graves violaciones de derechos humanos.
Este régimen permite detenciones sin el derecho a un abogado, arrestos sin órdenes de arresto y permite al gobierno acceder a conversaciones privadas.
- 12 meses ago
abril 23, 2023
SAN SALVADOR, El Salvador — Recientemente, familiares temerosos de ciudadanos detenidos en El Salvador bajo el régimen de excepción hablaron. Llamaron la atención sobre lo que ellos consideran arrestos arbitrarios y la muerte de prisioneros bajo custodia. Organizaron marchas exigiendo la liberación de familiares, que dicen que fueron detenidos injustamente.
Desde marzo de 2022, el gobierno de El Salvador implementó y extendió un estado de excepción, llamado régimen de emergencia, como respuesta para combatir la creciente violencia de las pandillas. El estado de excepción limita temporalmente los derechos constitucionales de los ciudadanos, lo que lleva a una falta de transparencia y responsabilidad. Aunque el régimen de emergencia dio a la gente de El Salvador una sensación de seguridad, también ha llevado a daños colaterales. Según las familias, las autoridades han detenido injustamente a miles de personas, y las violaciones de los derechos humanos siguen siendo un problema.
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¿Un régimen destinado a proteger hace más daño que bien?
Del 25 al 26 de marzo de 2022, miembros de pandillas en El Salvador masacraron a más de 60 personas. La Asamblea Legislativa de El Salvador tomó medidas inmediatas, iniciando un estado de excepción de 30 días. Se suspendieron ciertas libertades civiles para facilitar las condiciones de detención. Desde su aprobación el 27 de marzo de 2022, el país experimentó una importante disminución en los homicidios. Cientos de comunidades, antes controladas por grupos criminales, experimentaron una nueva realidad. Los miembros de pandillas ya no merodeaban por las calles. Sus hijos podían salir a jugar y las estadísticas criminales disminuyeron en muchas áreas. Sin embargo, quedan preguntas sobre si el régimen hace más daño que bien.
Las autoridades son acusadas de detener injustamente a miles de personas, simplemente por pertenecer a zonas anteriormente gobernadas por pandillas violentas. Según los datos de la organización de derechos humanos Cristosal, la Policía Nacional Civil (PNC) violó los derechos de más de 3,403 personas. Estas violaciones incluyeron allanamientos ilegales de viviendas y tratamiento injusto. Casi 63,000 personas han sido detenidas. Este régimen permite detenciones sin derecho a abogado, arrestos sin órdenes judiciales y acceso gubernamental a conversaciones privadas.
Organizaciones internacionales y locales han expresado repetidamente preocupación por las violaciones de derechos humanos. No obstante, la Asamblea Legislativa aprobó recientemente su décima tercera extensión de un mes. Debido al aumento de las detenciones, Human Rights Watch condenó en enero la grave sobrepoblación carcelaria. Las autoridades liberaron solo al 5 por ciento de los detenidos, dejando a un gran número todavía injustamente encarcelados.
Todas las fotos son cortesía de Kellys Portillos.
